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Contratos sospechosos en Las Rozas (#LRZS)

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PSOE de Las Rozas llevan tiempo preocupados con los contratos mediante procedimiento negociado sin publicidad, habituales en el municipio durante años, al igual que en otras administraciones.

Según una baremación establecida por cada Consistorio, se otorga el contrato a la mejor oferta. En Las Rozas, sin embargo, este sistema ha «generado una red clientelar que sólo beneficia al PP», en palabras del portavoz del PSOE en el municipio, Miguel Ángel Ferrero, en la actualidad presidente de la Mesa de Contratación. «Hemos visto muchos contratos y en casi todos vemos abusos, procedimientos turbios e injustos», señala Ferrero.

En muchos casos, de los tres invitados, sólo se presenta un licitador, que es el adjudicatario final, que normalmente, asegura, «no hace una propuesta ni un céntimo a la baja», de lo que el PSOE difiere que es un contrato «dirigido». En algún procedimiento se invita sólo a dos aspirantes y en otros procedimientos se adjudica al precio más alto «con argumentos peregrinos».

«Es un fraude que muchos concursos sean nítidamente conducidos: El Ayuntamiento decide a qué tres empresas invita a concursar, sin publicidad ni informe que lo avale, pero el gobierno debe tener poco tino al elegir a las empresas, porque son muchos los casos que sólo se presenta una, que evidentemente, se lleva todo el pastel», señala el portavoz del PSOE, que destaca un concurso particularmente surrealista, en este caso de procedimiento abierto.

Se trata del de Asesoría inmobiliaria y bolsa de Vivienda Joven, donde el ganador oferta el servicio por más dinero (43.200 euros) que su competidor (34.765 euros). Los dos licitadores cumplen con los requisitos, pero el perdedor pierde por un «argumento peregrino»: «El valorador afea que el perdedor utilice el término joven, que habla de jóvenes, término que según la Ley de juventud de la Comunidad también incluye a las personas de 14 años, que no podrían beneficiarse de este servicios».
Baremación

Desde el Consistorio responden que la convocatoria para este concurso abierto «fue publicada en el Boletín Oficial del Estado del 11 de noviembre de 2008» y los «técnicos encargados de la baremación establecieron las precisiones técnicas que estimaron convenientes», y que, además, ninguno de los otros aspirantes recurrió la adjudicación.

Desde UPyD destacan varios casos, como el contrato de «Asistencia técnica de mayores», en el que el único requisito es tener una titulación media y el único licitador es periodista. «No se realiza ninguna baja al tipo de licitación, como si supiera que no se van a presentar otras ofertas», señala Cristiano Brown, de UPyD. O el contrato de «Animación sociocultural para el área de mayores», en el que la adjudicataria es la hija del contratado para el servicio antes mencionado. En este caso tampoco hay oferta a la baja. «Sin saltarse la legalidad, en algunas adjudicaciones se producen irregularidades que podrían bordear los principios generales de libre concurrencia, igualdad y no discriminación de la contratación administrativa».

“Son muchos los casos en los que sólo se presenta una empresa”

Sobre el procedimiento de «Asistencia técnica para mayores», señala el Consistorio, la adjudicataria, «aparte de ser licenciada en Ciencias de la Información, tiene el certificado de aptitud pedagógica (CAP) y está colegiada en el Colegio Profesional de Educadores Sociales de Andalucía». En el caso de la «Animación sociocultural para mayores» matizan que la adjudicataria «es diplomada en Trabajo Social y acredita experiencia en el trabajo con mayores».

Desde el Consistorio subrayan que los contratos por procedimiento negociado en 2013 sólo supusieron el 8% de los contratos totales y no son en ningún caso mayoritarios en el municipio. «Los ayuntamientos usan los procedimientos negociados para contratar de manera más ágil servicios y se licitan ya a unos precios muy ajustados al mercado», responde el Ayuntamiento a por qué no suele haber ofertas a la baja.

El propio Ayuntamiento afirma que «se está introduciendo mejoras en este tipo de contratos para aumentar su transparencia». Así, en junio de 2013 se aprobó en pleno que cada procedimiento cuente con tres ofertas presentadas, «algo a lo que no obliga la ley estatal», y a partir de septiembre «se exigirá a los técnicos que realicen una memoria justificativa del porqué de la invitación».

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