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EL PAÍS: El lío de la Ciudad del Fútbol

 

 

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EL PAÍS: El lío de la Ciudad del Fútbol

El Ayuntamiento de Las Rozas retrasa nueve años el cumplimiento de una sentencia que le obliga a recuperar los terrenos cedidos de forma gratuita a la Federación Española de Fútbol

 

Esther Sánchez Madrid 28 SEP 2013 – 17:37 CET

Las instalaciones de la Ciudad del Fútbol en el municipio de Las Rozas, sede de la Fundación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el terreno en el que entrena la selección española, se han convertido en una pesadilla recurrente para el Ayuntamiento de la localidad (90.000 habitantes), gobernado por el Partido Popular, de la que ahora intenta emerger con un paquete de medidas que rechaza frontalmente la oposición.

La solución propuesta por el Gobierno municipal pasa ahora por llevar a cabo una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, lo que permitiría edificar 685 nuevas viviendas, cambiar la calificación del suelo que ocupa la Real Federación Española de Fútbol, y convocar un concurso público para adjudicar el complejo deportivo.

El problema surgió hace nueve años, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró en 2004 nulo el acuerdo de pleno de 25 de septiembre de 1998 por el que se cedieron al organismo deportivo un total de 120.000 metros cuadrados de terreno de forma gratuita por un periodo de 50 años.

Pero, según el plan entonces vigente (el mismo que el actual, que se encuentra ahora en proceso de revisión), el suelo era público y su propiedad no se podía traspasar. En todo caso, se podría haber alquilado. La denuncia la presentaron el Partido Socialista e Izquierda Unida.

El fallo puso en una difícil situación al Ayuntamiento y a la Federación. Había que dar marcha atrás, y las parcelas debían volver al Ayuntamiento. Pero el complejo deportivo ya estaba edificado y con la selección española entrenando en sus campos.

Nueve años después de esta primera sentencia, que se convirtió en firme en 2006, y con un largo proceso judicial a sus espaldas, el Ayuntamiento aprobó el pasado miércoles en pleno las actuaciones encaminadas a cumplir con el mandato judicial.

El detonante para ello fue un auto del Tribunal Superior de Justicia del 20 de junio de 2013 en el que se responsabiliza al alcalde por el retraso en el cumplimiento de la sentencia y se pone un plazo improrrogable de 60 días para que solucione la situación. Además, se da traslado de un escrito al ministerio fiscal por si los actos fueran constitutivos de un delito continuado de desobediencia a la autoridad judicial y de prevaricación. En el sillón consistorial se sienta ahora José Ignacio Fernández Rubio, que sustituyó a Bonifacio de Santiago tras los comicios municipales de 2011 y que gobernaba el pueblo cuando se produjo la cesión a la Federación.

La hoja de ruta del Ayuntamiento para legalizar la situación pasa en primer lugar por conseguir un suelo de características similares al que ocupa la Ciudad del Fútbol que se convierta en público. Porque con la calificación que tiene ahora ese terreno (sistemas generales) solo podría utilizarse para una actuación de la que pudieran disfrutar todos los vecinos, algo que no es posible con el uso que le da Federación. Ese suelo se obtendrá con la modificación del ordenamiento urbano que da vía libre a la construcción de 685 viviendas en un área donde se ubica la antigua fábrica de Kodak. En la parcela existe un bosque de encinas del que se protege su mayor parte. Así, se liberarán 200.000 metros cuadrados de suelo que ahora son privados, y que pasarán a ser públicos.

La oposición ha criticado esta forma de obtener el suelo. Miguel Ángel Ferrero, portavoz socialista, sostiene que es más ladrillo para una localidad donde hay viviendas vacías.

El segundo paso consiste en convocar un concurso público para adjudicar el complejo. En la misma sesión plenaria se aprobó el pliego de condiciones que regirá la convocatoria. Ferrero considera que se ha redactado “ex profeso para la Federación, que no va a pagar nada”. El PP rechaza esta acusación y sostiene que es un procedimiento público y abierto a quien se quiera presentar.

El canon que tendrá que pagar el adjudicatario será de 46,1 millones (que coinciden con el valor de las edificaciones que ha construido la Federación en estos años). Por lo tanto, indica el PP, si la Federación gana el concurso, “ya habrá satisfecho el canon”.

“Es un fraude”, replica Ferrero, “porque no van a pagar nada por las parcelas, y no estamos hablando de una entidad como la Cruz Roja, sino de un organismo que maneja mucho dinero”. El portavoz socialista añade que con lo que podría recibir el municipio de esta concesión, se recuperarían recortes sociales y se bajaría la carga impositiva del ciudadano.

“En cualquier caso”, sostiene el Ayuntamiento en un comunicado, “los beneficios de la presencia de esta infraestructura para los vecinos son indudables”. Destacan la proyección del nombre del municipio en todo el mundo que atrae a Las Rozas a visitantes y empresas que dinamizan e impulsan la actividad económica de la ciudad. Además del beneficio que han obtenido los más de un millar de chavales de Las Rozas que utilizan las instalaciones cada año o los 170 puestos de trabajo que generan las instalaciones. Tanto PSOE como IU han manifestado en varias ocasiones que no se oponen a que la Federación se instale en Las Rozas, pero siempre y cuando no se lesionen los intereses de los ciudadanos.

La inacción del Ayuntamiento durante todos estos años, ha provocado que el Tribunal responsabilizara en 2008 al alcalde —en ese momento, Bonifacio de Santiago— “de forma personal” para que tomara posesión administrativa de la de lo donado y de los inmuebles. Le amenazaba con dar traslado al ministerio fiscal por presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial en caso de que el edil no cumpliera. No sirvió de mucho.

En noviembre de 2009 la situación seguía igual y el tribunal advirtió al alcalde de que estaban intentando “burlar el cumplimiento de una sentencia judicial firme”. En total se recibieron siete autos de ejecución antes de que el Ayuntamiento se pusiera manos a la obra. El concejal de Hacienda, José Luis Álvarez de Francisco, defendió su actuación en el pleno del miércoles. Explicó que la sentencia había llegado cuando ya se habían edificado las instalaciones, y que lo más lógico era recurrir para intentar defender sus derechos.

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