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Pisos protegidos a precio de oro

Vecinos afectados por la subida de los alquileres en viviendas protegidas

Vecinos afectados por la subida de los alquileres en viviendas protegidas

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Una urbanización de pisos nuevos, con muy buena pinta. Balcones, piscina, zonas verdes, espacios abiertos y fachadas de ladrillo relucientes. Un flamante Audi de color crema está aparcado frente al enorme portón negro. En su interior se distinguen varias cajas apiladas, pero del dueño, ni rastro. “Debe estar bajando más cosas del piso, se marcha porque tampoco puede pagarlo, y con él ya van tres mudanzas hoy”, explica Jessica, una vecina. El dueño del Audi se suma a las 40 familias que en los últimos meses han abandonado esta urbanización de viviendas protegidas de Las Rozas. Pensaban que iban a pagar 515 euros y en solo dos años las cuotas se han puesto en casi 800 debido a conceptos extra que no les contaron hasta el momento de firmar.
Estamos en El Montecillo, una promoción de 400 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra que pertenece a la primera convocatoria de pisos con protección pública municipal. Son fruto de un convenio entre el Ayuntamiento de Las Rozas y al Comunidad de Madrid para construir las primeras viviendas del municipio incluidas en el Plan Joven del Gobierno regional con el fin de facilitar el acceso a una vivienda a los jóvenes roceños.
El Montecillo es otra de tantas promociones en toda la región. El Gobierno de la por entonces presidenta Esperanza Aguirre se comprometió en 2005 a construir 150.000 viviendas. A día de hoy, solo se han entregado 13.300, y de ellos 2.168 o no se han llegado a ocupar nunca o sus inquilinos los han abandonado por no poder afrontar el pago.
La convocatoria de El Montecillo, en 2006, fue un éxito. Se presentaron 3.400 candidatos para 600 pisos, los 400 de esta finca y otros 200 en la llamada La Marazuela. Los requisitos eran tener entre 18 y 35 años, cobrar como máximo 5,5 veces el indicador IPREM (unos 2.500 euros), y llevar como mínimo 10 años empadronado en Las Rozas. El Ayuntamiento anunció que los pisos tendrían un precio final de 139.000 euros, lo que supondría un ahorro del 54% del precio estimado de una vivienda libre. Las cuotas durante los años de alquiler —los siete primeros— quedarían en 515.
Cuando las viviendas fueron entregadas, la realidad fue bien distinta, ya que por contrato se obligaba a los adjudicatarios de los pisos a asumir una segunda plaza de garaje, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con su correspondiente IVA, la comunidad y el incremento anual del IPC. “Aunque me sorprendieron todos esos conceptos extra, firmé igualmente ya que los precios que venían eran estimados y no los imaginé tan elevados, y además después de cuatro años esperando estaba muy ilusionada con el piso”, reconoce Patricia Cruz, presidenta de la comunidad de vecinos. Como ella, firmaron las otras 399 familias.
Dos años después, los vecinos de El Montecillo pagan casi 800 euros mensuales, un 20% más del precio de la vivienda libre en el municipio, y se encuentran ahogados. Frente a la caída del 9,55% de los precios de mercado, a ellos les ha subido un 9,64% más en dos años. Cruz vive sola y sola afronta la renta. Es bióloga en paro, y ya ha dejado de percibir la prestación por desempleo. Desde entonces, tira de los ahorros. “Estoy al límite, si no cambia algo tendré que volver a casa de mis padres”, lamenta.
El problema, según el portavoz el PSOE en Las Rozas Miguel Ángel Ferrero, es que el pliego de condiciones se elaboró de manera demasiado laxa, lo que permite al constructor, en este caso la empresaFerrocarril Intermediación y Patrimonios S.L., vincular dos plazas de garaje, como en este caso, o aprobar derramas aunque los vecinos no estén de acuerdo. “En las bases del concurso público se omitieron medidas que protegieran a los adjudicatarios de los abusos de las promotoras”, denuncia.
Los vecinos de El Montecillo se han reunido en varias ocasiones con el Ayuntamiento para exigir que se haga responsable de la situación, pero el consistorio se ve como intermediario en una relación privada entre propietario-inquilino. “Son gastos legales que el arrendador repercute al arrendatario y, aun así, estamos de parte de los afectados, pero una vez que el constructor ganó el concurso, nosotros quedamos fuera”, explica Juan Blasco, concejal de Urbanismo, Infraestructuras Públicas y Vivienda.
Los afectados tienen cuatro peticiones: que se les baje la renta por el piso cien euros, que es lo que han calculado que están por encima del precio de mercado, poder desvincularse de la segunda plaza de garaje, que el Ayuntamiento les libere de pagar el 90% del IBI y que no se les suba el IPC mientras el precio de la vivienda siga bajando.
De momento, el consistorio les ha bajado el 50% del IBI, pero avisa que bajar las cuotas es decisión del propietario. “Nos hemos reunido con él para que se lo piense y estamos esperando su respuesta”, aclara Blasco, quien asegura que de momento ya ha accedido a no repercutir el IPC de 2013 ni lo que quedaba por pagar de 2012. “Él sería el principal beneficiado, es mejor ganar un poco menos que tener la mitad de los pisos vacíos sin nadie que te pague”.
En cuanto al IBI, Blasco sostiene que es una decisión que tiene que tomarse en el Pleno municipal de manera colegiada. “Estamos en ello”, insiste.

La maldita segunda plaza de garaje

Otro frente de batalla es la vinculación de la segunda plaza de garaje. “El Plan Joven dice que se deberá vincular una como mínimo, pero el Ayuntamiento podría haber escrito en el pliego de condiciones que se vinculara como máximo. Hay una gran diferencia”, alega Ferrero. Blasco asegura que ese problema está resuelto para las próximas promociones. “El nuevo Plan Joven de Vivienda, de 2012, contempla que el constructor estará obligado a construir 1,5 plazas por vivienda, pero solo podrá vincular una”, detalla. Para los vecinos de El Montecillo no sirve esta medida. Por cada plaza de garaje pagan una media de 100 euros, un 70% más de lo que cuestan en el municipio. “Y además es que a nadie le hace falta porque en la zona hay sitio de sobra para aparcar”, resalta José Antonio Gómez, otro de los inquilinos que aún no se ha mudado.
Gómez y su esposa, Waleska Durek, posiblemente serán los siguientes en marcharse. Él está a media jornada en una empresa de informática, y ella, que trabajaba en el departamento de atención al cliente de una multinacional, está en paro desde noviembre. “Aunque nos ahorremos 50 euros al mes, ya compensa, te da para una compra extra”, calcula Gómez. Ya están buscando piso por el barrio para no tener que cambiar de colegio a Gabriel, su hijo de siete años, y quieren irse en los próximos dos meses “para ahorrarnos el palo del IBI que nos viene en verano”, explica Durek. “Si no nos hemos ido aún es porque todos los pisos baratos de los alrededores ya los cogieron los que se fueron antes que nosotros”.
Ferrero coincide con los vecinos que estas viviendas no son de protección pública, sino “otra cosa fruto del modelo público privado del PP”. Blasco, por el contrario, considera que es importante saber que la mitad de la cuota que pagan estos inquilinos —un poco más de 300 euros— no es solo una renta sino un adelanto para comprar la vivienda en el futuro.
En tanto se resuelve —o no— la situación de los jóvenes de El Montecillo, los inquilinos de 40 viviendas se han marchado aún perdiendo las cantidades ya abonadas para comprarlas en el futuro. Ya han sido ofrecidas a los 2.600 candidatos que estaban en la reserva pero ninguno ha aceptado. El último en tirar la toalla es el vecino del Audi, que dejó la finca a media tarde con su flamante automóvil, recuerdo de tiempos mejores.

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