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Un fondo de inversión subirá el alquiler un 40% en casas protegidas en Las Rozas

Juan Carlos y Ángela abandonaron el sábado la que ha sido su casa durante el último año y medio. Ese día acabó el plazo para ejercer la opción de compra de las 400 viviendas de promoción pública de El Montecillo, en Las Rozas, vendidas en 2015 al fondo de inversión Fidere. La pareja desechó la opción porque le pedían 212.000 euros. También ha declinado seguir de alquiler: la propietaria les anunció que el precio del arrendamiento crecerá un 40% en tres años. Como ellos, muchos otros vecinos han decidido marcharse. Fidere señala que el precio cumple con la normativa de la Comunidad.

La pareja llegó a la casa de promoción pública en 2015 y desde entonces ha pagado una renta mensual de 750 euros por un piso de 55 metros cuadrados y dos plazas de garaje. Fidere adquirió las 400 viviendas ese año. El sábado terminó el periodo de protección y tenían la opción de ejercer el derecho de compra. Pero Juan Carlos y Ángela la rechazaron al entender que la cantidad que le solicitaban estaba “muy por encima de su valor”. La sociedad de inversión inmobiliaria, filial del fondo Blackstone, ofreció también que los inquilinos siguieran de alquiler, pero a un precio superior: 300 euros más en tres años, una subida de 100 cada año, lo que supone un aumento del 40%

Fidere sostiene que el 30% de las familias ha manifestado su opción de quedarse con las casas, de unos 55 metros cuadrados de media, y que al menos 80 continuarán de alquiler. “Firmar el nuevo contrato es dar un cheque en blanco”, afirma Juan Carlos, de 35 años. Considera que las nuevas condiciones incluyen “cláusulas abusivas”, extremo que niega Fidere porque lo que se solicita “ya aparecía en los contratos firmados cuando eran protegidas”.

Hasta ahora, sus moradores pagaban de media 750 euros al mes pero, en tres años, el alquiler alcanzará los 1.050. “Las casas de enfrente tienen el doble de metros y cuestan lo mismo. Si vinimos aquí fue porque el Ayuntamiento dijo que pagaríamos 515 euros. Luego nos incluyeron un segundo garaje, IBI, IVA y comunidad de vecinos”, explica Juan Carlos. Fidere subraya que el precio, además de ser legal, es menor que el resto de las opciones del entorno.

“Yo creo que nos quieren echar”, admite Miguel Arroyo, de 33 años. Para seguir de alquiler, sostiene, tendrá que contratar depósitos de garantías adicionales, como un seguro para la caldera, y hacerse cargo de las derramas. La Ley de Arrendamientos Urbanos, de 2013, permite al arrendador solicitar las condiciones que considere oportunas. “Se está yendo mucha gente. Cada día hay dos o tres mudanzas”, destaca Raquel Pereira, una vecina de 32 años.

Los inquilinos se quejan también de la mala calidad de las casas. Escuchan todos los ruidos, hay humedades, grietas y las zonas verdes están secas. “Han sido años de abandono”, protesta Ángela. Los partidos de la oposición en Las Rozas (gobierna el PP) denuncian que el papel del Ayuntamiento se limita a vender parcelas municipales a empresas privadas para construir y gestionar viviendas. “Se ha perdido todo el control de las condiciones de acceso, de los contratos y del precio final”, recalcan en una moción conjunta UPyD, Ciudadanos y Contigo Las Rozas.

El PP apuesta por los fondos buitre, a quienes se les entrega las casas en forma de botín”, subraya el portavoz socialista, Miguel Ángel Ferrero. Una representante del equipo de Gobierno afirma que este no tiene competencias sobre las viviendas. Para paliar la situación, el Ayuntamiento acaba de aprobar una ayuda de alquiler de 100 euros al mes durante un año para empadronados que hayan normalizado su contrato en 2017.

Tasación a la baja

A los inquilinos que han optado por comprar, no les ha ido mejor: se quejan de que las tasaciones se han realizado por un montante menor al precio final y que, siendo así, los bancos no les prestarán el dinero que les falta para ejercer la opción de compra. El Ayuntamiento asegura que el asunto está ya solucionado. Afirma haber mediado para que la Comunidad advierta a las tasadoras de que la tasación debe hacerse por el valor de la compra, lo que “ha animado a muchas familias a ejercer el derecho de compra”.

El Montecillo, una parcela pública de 23.334 metros cuadrados, fue cedida en 2005 por el alcalde Bonifacio de Santiago (PP) a la Empresa Municipal de Gestión de la Vivienda para construir 400 pisos de protección en régimen de alquiler con opción a compra. Ferrocarril Intermediación y Patrimonios pagó por ella más de 10 millones en 2007. Las primeras casas se entregaron en mayo de 2010. La promoción estaba destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos limitados y empadronados en la localidad. Se anunciaron a un precio final de venta de 139.000 euros, lo que supondría un ahorro del 54% del coste de mercado, y una renta mensual de alquiler de 515 euros. La opción debía ejercerse a los siete años, justo el pasado sábado, aunque Fidere ha prolongado un mes la comunicación: hasta el 13 de junio.

La Sareb se quedó con el parque tras quebrar Ferrocarril. En julio de 2015, Fidere pagó 46 millones por estas viviendas y las 200 de La Marazuela, otra promoción pública en la localidad. “No tuvo que pagar impuesto de plusvalía”, admite Ferrero, del PSOE. Luis Martínez, que ejercerá la opción, se queja de que la sociedad pagó por cada casa “80.000 euros”. A él le piden 212.000, el doble de lo anunciado. La razón se encuentra en una norma aprobada por el Gobierno regional en 2004 que multiplica por dos el precio máximo de venta fijado. La cifra se ajusta a la ley según la consulta informativa que realizó Fidere a la Comunidad en enero. Para Juan Carlos Cadalso, otro vecino, se trata de una nueva burbuja. “El origen de estas viviendas es suelo y dinero público. Al final solo se beneficia el promotor, como siempre”.

 

Revés judicial a Fidere

El juzgado de Primera Instancia número 43 de Madrid ha dado un revés a Fidere. La sentencia, fechada el 27 de abril, impide que la sociedad desahucie a un inquilino, casado y con un hijo menor de edad, que no quería prorrogar el contrato de alquiler. La juez sostiene que el acuerdo, firmado con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) antes de su venta al fondo de inversión, puede prorrogarse durante 15 años. Además, da al inquilino la posibilidad de comprar la casa tras ese tiempo. Esta es una de las 1.860 viviendas sociales que el Ayuntamiento de Madrid vendió a fondos buitres cuando era alcaldesa Ana Botella (PP). El abogado del inquilino, Mariano Benítez de Lugo, declaró el jueves a Europa Press: “La sentencia no se refiere a una circunstancia personal concreta, sino que establece una teoría general”. Fidere no se ha pronunciado sobre una sentencia que es recurrible ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Fuente: El País 10 de mayo

Autor: Fran Serrato

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